Reflexiones acerca de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 1163/2018 de 9 de julio de 2018, relativa al Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

La reciente STS 1163/2018 de 9 de julio viene a determinar el alcance que debe darse a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 2 y 110.4 de la ley de Haciendas Locales (LHL). El TS considera que el hecho de que el TC declare dichos preceptos inconstitucionales y nulos “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”, permite articular una interpretación de la STC que salve aquellas liquidaciones en las que haya quedado acreditado el incremento de valor o en aquellas en las que el obligado tributario no haya conseguido acreditar el decremento del valor de la finca en el momento de la transmisión final que da origen a la liquidación. Esta interpretación, qué duda cabe, permite evitar el tremendo quebranto económico que supondría para los ayuntamientos españoles tener que devolver las plusvalías liquidadas y cobradas en los peores momentos de la crisis inmobiliaria.

No obstante, entendemos que la voluntariosa interpretación que el TS hace de la sentencia del TC no puede evitar la generación de enormes dudas jurídicas en dos ámbitos importantes: el procesal respecto de los contenciosos en curso y el de la gestión del impuesto de ahora en adelante (futuras liquidaciones).

En la presente nota de urgencia nos referiremos exclusivamente al segundo de los aspectos mencionados: la gestión del impuesto de ahora en adelante y la base jurídica para la realización de nuevas liquidaciones del IIVTNU.

El artículo 15.1 de la LHL establece que, salvo en el caso de los impuestos de Bienes Inmuebles, el de Actividades Económicas y el de Vehículos de Tracción Mecánica, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. En el mismo sentido, el artículo 12.2 establece que las entidades locales podrán adaptar la normativa estatal al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas a través de sus ordenanzas fiscales. Finalmente, el artículo 59.2 reconoce el carácter voluntario que el IIVTNU tiene para los ayuntamientos, de tal manera que dicho impuesto no tiene carácter obligatorio.Dice el citado precepto que los ayuntamientos “podrán establecer y exigir el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales”. De hecho, hay municipios que no han regulado este impuesto.

Los preceptos transcritos dejan claramente establecido que para que un Ayuntamientos pueda liquidar y cobrar el IIVTNU es del todo indispensable que apruebe previamente una Ordenanza Fiscal en la que se regule la gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto de acuerdo con la normativa estatal. Esta es la razón por la que todos los ayuntamientos que tienen en este impuesto una fuente de ingresos, es porque previamente han aprobado una ordenanza fiscal en la que se regula la forma de calcular el incremento de valor en cada transmisión, siguiendo a pies juntillas lo previsto en el artículo 107.1, 107.2 y 110.4 de la LHL. Y esta es también la razón por la que el TC, al declarar anticonstitucionales dichos artículos, ha anulado de facto la totalidad de las ordenanzas fiscales municipales reguladoras del IIVTNU, en cuanto al procedimiento de liquidación y revisión, creando una situación de gran confusión jurídica.

Seguramente, el nudo gordiano de la nueva situación será cómo regulará cada Ayuntamiento en su ordenanza fiscal el procedimiento que deberán seguir para establecer el aumento de valor en una determinada transmisión, así como la posible impugnación o revisión del citado incremento por parte del contribuyente. Recordemos que sin esa regulación municipal específica (ordenanza fiscal) no puede aplicarse el impuesto, dado que la normativa estatal (LHL) no es de aplicación directa.  

Ramón García-Bragado

Barcelona 16/07/2018