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Exponemos nuestra opinión acerca del principio de obligatoriedad en el cumplimiento de los contratos y su posible flexibilización en consideración a dos principios que rigen en el derecho civil y mercantil como excepción a dicha regla de obligatoriedad en el cumplimiento: 1) la existencia de fuerza mayor y su interpretación conforme al art. 1.105 del Código Civil y 2) la aplicación a los contratos en plena crisis económica de la cláusula rebus sic stantibus que, en Español, podemos traducir como “estando así las cosas”.

La regla general es que los contratos son de obligado y estricto cumplimiento, como ley entre las partes (art 1.255 del Código Civil), de modo que ninguna de las partes de un contrato puede alegar motivo alguno para incumplir, salvo algunas excepciones. Entre esas excepciones se encuentran la fuerza mayor y la cláusula rebus sic stantibus. En el momento presente estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes que ha ocasionado una crisis económica de demanda y de oferta que impide a las empresas, en muchos casos, el normal cumplimiento de los contratos.

¿Cabe entonces ampararse en la crisis del coronavirus Covid – 19 para no cumplir con los acuerdos alcanzados con los clientes y proveedores de una empresa? La respuesta a esa preguntadebe matizarse, y lo expondremos de manera muy práctica en este breve comentario:

  1. El contrato es ley entre las partes, sigue en vigor y debe seguirse cumpliendo como regla general. No cabe por tanto utilizar la crisis generalizada en la que nos encontramos como argumento de fuerza mayor para justificar el incumplimiento, si realmente esa imposibilidad de cumplimiento no es tal y se funda realmente en la  fuerza mayor. Esa actitud sería utilizar abusivamente y de mala fe una opción que la ley considera únicamente de forma excepcional.
  1. Las sentencias del Tribunal Supremo de 30 junio 2014 y 15 de octubre de 2014, comportaron un cambio de criterio en el Derecho español ya que, hasta entonces, la cláusula rebus había sido aplicada muy restrictivamente por los tribunales. Con este cambio jurisprudencial, ya consolidado, el Tribunal Supremo consideró que la crisis imprevisible (en aquel momento la crisis del 2008 y años siguientes), y el riesgo que ello comportaba para el normal desenvolvimiento de los contratos, permitía el incumplimiento sobrevenido y además permitía evitar la resolución del contrato por incumplimiento en el pago por la otra parte que debía cumplir, pues su causa estaba en la crisis económica existente. Entendemos que en el momento presente y ante la gravedad de la situación, este criterio será también de aplicación incluso con mayor efecto.
  1. En la situación de crisis actual las partes contratantes deben considerar la circunstancia extraordinaria existente para flexibilizar el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Por ejemplo, si una obra en curso no puede terminarse porque la autoridad competente ha ordenado su paralización, la cláusula penal o indemnizatoria por el retraso que contemplaba el contrato no será de aplicación.
  1. Esta ponderación derivada de la cláusula rebus permitirá que en los contratos las partes flexibilicen su cumplimiento tanto en contratos de tracto sucesivo (por ejemplo contratos de arrendamiento de locales de negocio u oficinas en las que no se está desarrollando normalmente la actividad) como también de tracto único (pago del precio de las entregas de los materiales contratados en los plazos previstos en un contrato de compraventa mercantil o de distribución). Durante el tiempo que dure el estado de alarma dichos contratos podrán verse mutados o modificados en su cumplimiento, mediante una moratoria en el pago de la renta o prestación, o bien con su prorrateo futuro una vez se supere la crisis general existente. En los contratos de arrendamiento de oficinas o locales en los que la actividad ha sido suspendida por el RD 463/2020, la exoneración en el cumplimiento es indiscutible. Más dudoso será apreciarlo en los casos en que no ha existido suspensión imperativa de la actividad. Sin embargo, lo cierto es que la caída generalizada de la actividad económica se ha producido igualmente en sectores de actividad en los que no se ha ordenado la suspensión, por lo que entendemos que la  fuerza mayor tiene lugar igualmente y por tanto la aplicación de la cláusula rebus.
  1. Como consecuencia de lo anterior, llegada una situación de impugnación o resolución contractual, instada judicialmente o ante arbitraje, por el incumplimiento contractual, la parte demandada podrá oponerse a la resolución por incumplimiento, pidiendo al juez la revisión del contrato, o bien la no aplicación de la indemnización que se pretenda e incluso la no satisfacción de la prestación principal. Y ello porque el elemento causal ha cambiado sustancialmente, por fuerza mayor, de modo que el cambio de circunstancias es diáfano y ni siquiera hay que acreditarlo ya que se desprende del propio estado de alarma decretado por el Gobierno.
  1. Y una última cuestión, no menos importante que las anteriores: la situación de fuerza mayor en la que nos encontramos ¿qué aplicación tendrá para las empresas en situación de insolvencia y que no puedan atender al normal cumplimiento de sus obligaciones? Considerando la normativa vigente, y sin cambios por el momento en dicha normativa en los Decretos Ley dictados hasta ahora, la obligación de presentar concurso de acreedores es imperativa para aquellas sociedades y empresas que no puedan atender a sus obligaciones corrientes, ya sea por tesorería inexistente que les lleve a insolvencia actual o inminente, o bien porque existía ya una circunstancia de insolvencia estructural previa.

Por tanto los empresarios no están en absoluto obligados a endeudar la empresa para evitar el concurso de acreedores, por el hecho de que el Gobierno haya establecido una línea de avales. Así por tanto las empresas que prevean que no van a poder satisfacer sus obligaciones corrientes deberían preparar y presentar dentro de plazo el concurso de acreedores, para evitar responsabilidad personal y directa de sus administradores.

Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, sin que pueda ser considerada una opinión jurídica, la cual solamente puede emitirse a la vista de los hechos concretos en cada caso y con el análisis correspondiente.