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Reforma legislativa introducida por la Ley 11/2018

          Reforma legislativa introducida por la Ley 11/2018

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, incorpora al derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad.

El nuevo redactado proporciona el contenido del estado de información no financiera a incluir en el informe de gestión, incluyendo información relativa a cuestiones medioambientales y sociales, relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

El ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera se amplía significativamente. Sin embargo siguen quedando eximidas de la obligación de incluir esta declaración no financiera las pequeñas y medianas empresas.

La nueva norma modifica consecuentemente diversos preceptos de la Ley de Sociedades de Capital relativos al informe de gestión y a los órganos de las sociedades cotizadas, para incorporar las novedades descritas, y aprovecha para introducir importantes novedades en determinados preceptos. 

Igualmente modifica el artículo 62 LSC, limitando el control de las aportaciones sociales en la constitución de sociedades limitadas. A partir de ahora ya no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, quedando bajo la responsabilidad de los fundadores.  

También incorpora un nuevo apartado al artículo 276 LSC, relativo al momento y forma de pago de dividendos, indicando como plazo máximo para su abono completo el de un año desde la fecha del acuerdo de la Junta General acordando su distribución.

Y modifica sustancialmente el artículo 348 bis relativo al derecho de separación del socio en el supuesto de falta de distribución de dividendos que, recordemos, entró en vigor nuevamente en 2017 tras un largo periodo en suspenso.

Dicho mecanismo, concebido por el legislador para evitar el abuso por la mayoría que se deriva de la vulneración del derecho del socio a las ganancias sociales si, año tras año, la Junta General, existiendo beneficios, acuerda no repartirlos, presenta importantes novedades:

En primer lugar, el nuevo redactado indica expresamente la posibilidad de suprimir o modificar el derecho de separación estatutariamente, siempre y cuando consientan a ello la totalidad de los socios o se reconozca al socio disidente su derecho a separarse de la sociedad

En segundo lugar, se indica expresamente que corresponde la legitimación para ejercitar el derecho de separación al socio que proteste por la insuficiencia de los dividendos reconocidos cuando éstos no lleguen al 25% de los beneficios obtenidos por la sociedad (porcentaje disminuido en esta reforma respecto al 33,3% de redactado anterior). Además, se condiciona el reconocimiento del referido derecho a que por la sociedad se haya dejado de distribuir una cantidad igual al 25% de los beneficios en el periodo de 5 años inmediatamente anterior y que en los tres años anteriores al ejercicio se hayan obtenido beneficios.

Asimismo debemos recordar que la nueva norma, tal como hemos indicado, reduce la proporción de beneficios a repartir pero el último párrafo del apartado primero del artículo 348 bis establece que “lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder”, en consecuencia, es importante recalcar que los socios podrán alegar una retención abusiva de beneficios si en el caso concreto no hay razones para ello aunque se cumpla el mínimo legal.

La nueva redacción prevé así mismo la regulación específica de dicho derecho de separación en las sociedades consolidadas, para evitar el abuso del socio dominante de la holding en relacióncon las filiales y también su exclusión en determinadas sociedades, como las cotizadas o en situación pre o concursal, entre otros.